Hoy viernes, 7 de diciembre y tras más de 11 meses de prórroga del anterior modelo de canon digital, se ha anunciado en el Consejo de Ministros la aprobación del Real Decreto por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, se sustituye el actual canon digital por una compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a favor de las entidades de gestión de derechos de autor (que no de los titulares reales de derechos de autor). De acuerdo con la nota distribuida por Moncloa tras el Consejo de Ministros, la repercusión en el ciudadano es progresiva y muy reducida.
La determinación de esta «compensación» se realizará según la (para mí absolutamente obsoleta y anticuada) Directiva comunitaria de 22 de mayo de 2001, de acuerdo con los siguientes parámetros: estimación de copias realizadas, impacto sobre las ventas realizadas, precio medio y vigencia de los derechos de propiedad intelectual, daño mínimo, aplicación de medidas tecnológicas anticopia y diferente impacto de la medida según la grabación sea digital o analógica. La compensación se repartirá a las entidades de gestión de derechos para que éstas acuerden los correspondientes porcentajes de reparto, debiendo dedicar un 40% de la compensación a la promoción de actividades de carácter asistencial y a la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes.
Una vez explicado el sistema, viene la crítica. Este sistema, en primer lugar, no es una eliminación del canon digital, sino que a partir de este momento se va a destinar una partida de los Presupuestos Generales del Estado para las entidades de gestión de derechos, por lo que se va a comunitarizar el canon y lo vamos a pagar vía impuestos y/o recortes presupuestarios. De momento, en este ejercicio se van a dotar provisionalmente 5 millones de euros para efectuar el traspaso del régimen de canon digital al régimen de compensación por copia.
En segundo lugar, en una época de grandes recortes en cultura, creo que no es lícito que una muy discutible cultura de masas, que es a la que acaba retroalimentando las entidades de gestión de derechos de autor, se lleve ese dinero de los PGE mientras se cierran teatros públicos, bibliotecas, desaparece la educación pública, suben las tasas universitarias etc.para que los bustamantes, bisbales, melendis, perezrevertes y jorgejaviervazqueres de turno se embolsen una pasta para compensar unos presuntos daños que se les causa por una copia privada estimada quién sabe como y con qué parámetros.
En tercer lugar, ningún Estado debe subvencionar (al fin y al cabo, esta compensación por copia privada es una subvención encubierta) un negocio que está obligado a realizar un cambio de modelo para sobrevivir a las nuevas tecnologías con un puñado de millones de euros mientras deja desamparados a sectores estratégicos de la economía como la manufactura, la investigación y desarrollo o el turismo, que dan a comer a más bocas que los derechos de autor, que van a unos pocos bolsillos. Mientras ese negocio no busque modelos viables, ya pueden subvencionarlo con 5, 10 o 25 millones de euros, que estará abocado al fracaso.
Para que nadie se lleve a engaño, el que escribe este texto paga Spotify Premium, Booquo Premium, suscripción a Filmin, abono a Canal+Series y sigue yendo al cine y al teatro y comprando libros cuando lo necesita. Y apoyando proyectos de crowfunding cuando es necesario. Por si a alguien se le ocurre llamarme «anarquista de las redes sociales».
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